dic 232012
 

En Chile, la derecha y sus medios, lo que equivale a toda la prensa y la televisión nacionales y quienes ahí tienen tribuna, llevan ya tiempo desesperados ante el inopinado apoyo popular que recibe la ex Presidenta Michelle Bachelet y haciendo escándalo de su mutismo, su capacidad de hermetismo y su poca valía política. En cambio, yo creo que en el momento actual su actitud es inteligente y la asimilo a la de Jorge Alessandri, el último gobernante de derecha elegido (1958-1964) con anterioridad a la aceptación de su candidatura en las elecciones presidenciales de 1970, en las que fue derrotado por Salvador Allende (1970-1973), hay que decirlo  y quien, como Bachelet, no era abogado, sino ingeniero, al igual que el ex Presidente Eduardo Frei (1994-2000). Creo también que se desprecia injustamente a éste y a Michelle Bachelet entre los presidentes postdictatoriales. Eduardo Frei realizó la reforma procesal penal, que es el cambio institucional más serio y revolucionario en muchas décadas y que rompió con cuatro siglos de tradición contraria, como era el procedimiento penal inquisitivo y que ha sido tan exitosa que se ha usado como ejemplo en el continente y sus artífices son constantemente llamados a prestar asesoría en procesos legislativos equivalentes.

Si se culpa a Michelle Bachelet de no haber realizado la reforma educacional y el cambio institucional y político, me parece aún más reprochable y decepcionante la actitud al respecto del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien tampoco hizo nada por la reforma educacional y, en materia de democratización, se dio por satisfecho poniendo su firma a la Constitución de 1980, heredada de la dictadura, como si su mero nombre y el fin de algunas instituciones obsoletas e inoperantes, como los senadores designados o la tutela militar del Consejo de Seguridad Nacional, inyectara legitimidad, pluralismo, competencia, participación ciudadana, equidad y todo aquello de lo que seguimos careciendo en virtud de esta camisa de fuerza institucional, diseñada ad hoc para el autócrata admirador de Franco Augusto Pinochet por el ideólogo de su dictadura, Jaime Guzmán.

También hay que decir que Bachelet fue prácticamente ungida candidata por el presidente Ricardo Lagos y todos hubimos de someternos a su dictamen, no obstante lo cual, el comportamiento posterior de aquél hacia su apadrinada fue de extrema deslealtad, achacándole todas las culpas (“problemas de implementación”, afirmaba) por estropicios que venían de su propia administración (Transantiago, ferrocarriles, etc.), en tanto la presidenta Bachelet guardaba un leal silencio para protegerlo. Similar actitud chapucera hacia Michelle Bachelet y su gobierno, tuvo el ex Presidente
Patricio Aylwin (1990-1994), aunque de éste no cabía esperar mayor lealtad.

Mi conclusión de los gobiernos concertacionistas, es que quien generó las mayores expectativas (R. Lagos), fue quien más me decepcionó, ya que prefirió olvidarse de todo lo que de él se esperaba a cambio de conquistar el amor de los empresarios, en tanto que el único por quién no voté (E. Frei), resultó elegido en primera vuelta entre 8 candidatos con la mayoría más aplastante de nuestra historia democrática y ha sido el más decente en su actuar posterior.

En cuanto a Michelle Bachelet, no era mi candidata originalmente, pero nos la impuso Lagos y se comportó con bastante más honradez y sobriedad de lo que era dable esperar a esas alturas del período concertacionista (1990-2010) y eso es lo que explica la masiva esperanza que genera su eventual retorno de la ONU. Pero tendrá primero que descartar a muchos personajes impresentables que pululan entre los escombros de la Concertación, gente que vive y se solaza en el autoritarismo, el caciquismo, las malas artes o la corrupción pura y dura. Como he afirmado en ocasiones anteriores, la carta de triunfo de Michelle Bachelet, si se decide a competir en la elección presidencial de 2013, estriba en un compromiso prioritario de campaña de cambiar el sistema político presidencialista actual por un régimen parlamentario consagrado en una nueva Constitución que reciba la ratificación ciudadana en un referéndum, renunciando ella a la jefatura del gobierno y reteniendo la jefatura del Estado durante la primera legislatura y el primer gobierno presidido por un primer ministro en nuestra historia republicana.

Rafael Enrique Cárdenas Ortega.

Fuente: http://radio.uchile.cl/cartas-al-director/184527/

oct 022012
 

Respecto de la  respuesta del Gobierno al emplazamiento de los actores de la educación (aquí siempre utilizaremos esta expresión para referirnos a los estudiantes y profesores en lucha, sin contar a los empresarios de la educación) de este mes que termina, quisiera ser breve.

Es claro que el único punto favorable que el Gobierno otorga a los estudiantes y profesores, es el que se enmarca en la democratización formal de los espacios educativos. Ahora bien,  éste se encuentra matizado por: a) el compromiso del Gobierno es a reformar las leyes que impiden la organización en algunos centros educativos, no a eliminar o derogar los DFL (decretos con fuerza de ley) que fundamentan la falta de participación -esto es, el gobierno no es claro al respecto, no explicita que “reforma legal” signifique necesaria eliminación-derogación de estos decretos-; b) el compromiso explicitado por el gobierno se enmarca en una reafirmación del principio de la autonomía universitaria, el que esta vez funciona de manera contraria al progreso democrático -además que la intención de reforma legal se inscribe en esta vaga defensa del principio de autonomía, lo que no habilita ninguna conclusión concreta acerca del terreno que abarcará la citada “reforma”-. A esto se suma el hecho de que precisamente esta nueva posibilidad de espacios de participación y organización muy bien puede quedarse en lo formal. Esto es, funcionar de manera meramente consultiva y aparente, a la manera que hoy existen los plebiscitos comunales. En este sentido, podríamos hacer la distinción entre una forma democrática liberal, que no puede ir más allá de la democracia formal y el principio de la libertad negativa, que es la que posiblemente representa de mejor manera la opción democrática abierta por el gobierno, y la democracia sustantiva, aquella que define contenidos y es positiva. Así, mientras la primera meramente legitima formalmente lo dado -y en este caso lo dado es un modo de explotación-, la segunda llama a la definición de lo dado por quienes lo viven y experimentan.

Quisiera aún apuntar algunas cosas más. Por un Lado, la utilización de conceptos. El comunicado del gobierno -de 11 páginas de extensión-, utiliza al menos 25 veces el término “calidad” para referirse a la educación. Esto implica una recurrencia no inintencionada en la utilización del mismo. Ahora bien, lo interesante es que el movimiento estudiantil en su generalidad ha postulado como uno de sus tres o cuatro principios (o demandas, ya que la relación concreto-abstracto aquí se encuentra ampliamente confundida) a la “calidad” (otros conceptos que son consenso serían la “gratuidad” y el carácter “público”, ya que con respecto a otros hay divergencias: unos plantean la “igualdad”, otros el “para todos”, etc.). Tenemos, por tanto, un concepto que funciona como mero término, sin univocidad. El carácter vago de la noción de “calidad” es lo que ha permitido esta utilización doble de la misma. No obstante, aún si la heterogeneidad del movimiento actoral por la educación es grande, no creo sea una afirmación errada el sostener que cuando el gobierno habla de “calidad”, no se refiere a lo mismo que cuando los actores de la educación hacen uso de este término. Por lo tanto, esta utilización “doble” confunde a los participantes en el debate y el conflicto, a la vez que indistingue entre paradigmas de aprehensión de la realidad distintos (o que se suponen distintos). Esto no puede ser positivo para quienes estamos del lado de los estudiantes. Además, la noción de calidad porta una historicidad particular que la hace reacia a su utilización dentro de un paradigma distinto al que sostiene el gobierno. Esto porque “calidad” tienen aquellos productos que han devenido mercancías, aquel trabajo humano cristalizado que requiere su validación post hoc, en el mercado. El énfasis majadero en la calidad solo puede darse en una sociedad mercantilizada, en la cual la validación de lo producido es ex-post. En una sociedad que defina racionalmente sus necesidades, si bien la cuestión de la calidad se planteará en ocasiones, el énfasis en la misma será menor, fundamentalmente porque la validación de lo producido ex ante y democrática. Tenemos, por tanto, la utilización, por parte de los actores de la educación, de un término que es estructuralmente necesario al mundo capitalista de las mercancías. Más todavía lo es para un gobierno empresarial, como el que nos rige en la actualidad. Esto es sin duda problemático. Como una primera medida de uno de aquellos que luchan por la educación, propongo su eliminación como bandera de lucha (sea como principio o demanda).

Otro de los términos que en la respuesta del gobierno es de recurrente utilización -al menos 11 veces-, es la palabra “equidad”. Si revisamos el diccionario de la real academia, existen al menos tres acepciones del término que podrían adecuarse a su utilización en el contexto del conflicto educacional:

- Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva
- Moderación en el precio de las cosas, o en las condiciones de los contratos
- Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece

Como vemos, mientras la tercera sitúa el énfasis en la meritocracia, la segunda lo hace en las virtudes de la moderación (deben existir precios, o sea mercado, pero estos deben ser “razonables”, a lo cual permea la idea de la “regulación”). La primera acepción, por su parte, trabaja con una noción de “justicia natural”. Ahora bien, esta última noción, si bien ha servido propósitos revolucionarios en otras épocas -e.g. en la lucha de la burguesía contra la nobleza aristocrática-, es común a un paradigma liberal que fundamenta su ser en la idea de “derechos”. Además, esta noción también ha servido para la defensa del estatus quo, cualquiera sea éste. De proveniencia estoica, es claro para quien escribe que esta noción fue superada por Carlos Marx y todos aquellos que entendieron que no existe nada natural en la realidad social, que naturalizar lo dado que es producto de la acción del hombre, inhibe el pensamiento crítico, toda vez que postula como un deber ser incambiado aquello que existe. En síntesis la noción de equidad puede significar: a) meritocracia; b) regulación del mercado- moderación; c) naturalización de la realidad social. Todas nociones afines a una sociedad mercantilizada, más todavía a un gobierno empresarial. Por lo tanto, cuando dentro del movimiento por la educación visibilizamos algunas posturas que ponen el énfasis en la “equidad”, no podemos sino entristecernos por el hecho de que exista una proximidad ideológica entre estos discursos y aquellos elaborados por el gobierno (que no reproducen otra cosa que no sea la realidad capitalista en su apariencia y justificación). Estos discursos dentro del movimiento estudiantil muestran la suerte de cooptación ideológica (o quizás la hegemonía de la clase dominante en una sociedad burguesa) que ha sufrido la sociedad entera. Así, se olvida que “equidad” fue un término impuesto por los primeros gobiernos de la concertación (como muy bien señala Garretón), los cuales creían que para ser modernos debía entenderse que hablar de igualdad estaba “demodé”. Así también, se olvida que la equidad se incluye en un discurso fundamentalmente religioso (vemos como esta semana un representante religioso declara estar con los estudiantes y en favor de la “equidad”), un discurso que tiende a enfatizar en la moderación y la permanencia del estatus quo. Como alternativa, aquí proponemos debe enfatizarse en la noción de igualdad, igualdad sustantiva, igualitarismo material -rechazándose el término “equidad”-. Por lo demás, ésta es una de las banderas de lucha que define, ha definido y debe definir a la izquierda en su conjunto.

Un tercer concepto utilizado en el comunicado del gobierno, es la idea de “ciudadanía”, unida siempre en una referencia de “integración”. Así como sucede con los otros términos tratados, estas ideas conexas han sido utilizadas por actores del movimiento por la educación. Como ya señalamos, la confusión, y la utilización del mismo tipo de palabras que el adversario en una lucha, es particularmente negativa. Asimismo, es negativa la connotación “natural” de estas palabras. Primero, porque la idea de ciudadanía proviene de un paradigma basado en los derechos que al menos tiene como tendencia importante al liberalismo. Si bien autores no liberales como Rousseau y Hegel, así como socialdemócratas realmente comprometidos con el proyecto de la igualdad, hicieron uso del paradigma de los derechos y de la noción de ciudadanía, aquí postulamos que, si se desea hacer un cambio en los fundamentos que reproducen la forma social actual -que es capitalista-, es necesario ir más allá del paradigma de la ciudadanía. Esto es, es necesario volver al Marx de la “Cuestión judía”, aquél que entiende los derechos humanos y la ciudadanía como una apariencia que justifica la explotación. Es que no parece correcto hacer uso de una noción que durante gran parte del siglo XVIII y XIX, fue un arma en la lucha contra las clases trabajadoras. ¿Qué proponemos como alternativa? Un primer avance sería enfatizar en el hecho de que se propone un nuevo tipo de ciudadanía, uno que no existe en lo dado actual -e.g. aquí podría entrar la idea de los derechos económicos y sociales-. Un segundo paso adelante, sería eliminar la idea de “integración” conexa a la de ciudadanía, toda vez que lo fundamental de este primer término es considerar como “dado” un todo al cual los agentes sociales se integran. Así, ciudadanía debería implicar la definición positiva de contenidos, un paso que trasciende el liberalismo. Esta definición de contenidos podría especificarse con conceptos más propios que quiebren con el paradigma discursivo propio de la sociedad mercantil: educación crítica, igualitaria, vinculada a un proyecto propio de las clases explotadas, etc.

Una cuarta noción que el gobierno pareciera manejar como un dado existente explicativo, es la idea de “capital cultural y social”. Si bien el movimiento por la educación no hace uso de estas nociones, aquí quisiéramos clarificar el sentido preciso y la funcionalidad práctica de las mismas, ya que muchos dentro del campo de la izquierda las consideran nociones válidas. Aquí la crítica podría larga y extendida, por lo cual solo apuntaré a una idea central. Ambos conceptos trabajan con una noción neoclásica de capital, la cual supone un pensamiento cosificante no relacional, que toma lo dado como es y hace de las apariencias toda la realidad. Así, la noción de capital neoclásica supone dos cosas: a) que el capital es una cosa que existe por sí misma, la cual se identifica con la maquinaria; b) que el capital es productivo y, por lo tanto, existe la ganancia justa como retribución. La historicidad de la noción de “capital cultural” da cuenta de cómo esta comparte estos corolarios. Bourdieu no fue capaz de razonar en torno a la noción de capital como relación social de producción, sino que la considera como mero recurso, a la manera neoclásica. Esto es, no existe una clase de productores de lo cultural, lo cual se apropiaría otra clase no productora. Para Bourdieu lo cultural es un “recurso” que se autorreproduce de manera interna a las clases, que no relaciona clases. Por lo demás, sólo existe lo “cultural burgués”. Por el contrario, para Marx y todo pensamiento que llegue a ser científico -esto es, verdaderamente crítico- el capital designa una relación social de producción. Sólo de esta manera el pensamiento deja de ser sustancialista y llega a ser relacional y crítico. Por esto, quienes deseen un movimiento educacional que se desligue de los fundamentos de la sociedad que se reproduce mediante la forma mercancía, deben rechazar la utilización del pensamiento neoclásico que supone la noción de capital cultural -la noción de capital social es una extensión de este pensamiento neoclásico utilizada por la Cepal.

Existen muchas más aristas interesantes en el documento presentado por el gobierno como respuesta al movimiento por la educación -por ejemplo, la justificación subrepticia de la ganancia “justa”, la idea de que un actor privado que depende del mercado puede no lucrar, etc-, sin embargo, aquí solo quisimos aclarar algunos puntos sobre las implicancias prácticas de la utilización de ciertos términos.

Atentamente,
Manuel Salgado
Estudiante universitario

Fuente: http://radio.uchile.cl/cartas-al-director/173816/

abr 302012
 

El mismo cuento, la diferencia en esta oportunidad con anuncios anteriores es que el Presidente-empresario Piñera grabó el mensaje antes de lanzar al aire sus palabras, pero se mantuvo fiel a su estilo y a su capacidad de modificar sus argumentos cuantas veces sea necesario, acomodándolos a veces groseramente a la realidad del momento. Ya sabemos que el señor Presidente tiene un discurso para cada audiencia, uno para  el exterior y uno para Chile, entregando explicaciones que solo sirven para intentar tapar las contradicciones que la mayoría de los chilenos tenemos, con un sistema que nos trata solo como fuentes de consumo.

Anoche presentó como algo novedoso parte del discurso que leyó el 25 de junio del 2011 cuando propuso con bombos y platillos el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), cuyos principales objetivos eran “mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la Educación Superior” y cuyo objetivo principal era un acuerdo “para avanzar hacia una sociedad de oportunidades y contribuir al sueño de todo padre y madre, cualquiera sea su condición socioeconómica, de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales, sin tener que arruinarse o sobre endeudarse para pagar los aranceles o créditos, o tener que elegir cuál hijo podrá acceder a la educación superior y cuál no”.

En aquella oportunidad nos dijo también que “la misión de mejorar la educación requiere un enorme esfuerzo financiero, planteamos un fondo para la educación de 4.000 millones de dólares”. Casi un año después de esas promesas al viento y hoy mas aprisionado que antes, entre sus partidarios y los defensores del sistema heredado de la dictadura, la UDI, anunció al país una “reforma tributaria” para aumentar la recaudación, esta vez con una cifra menor que fluctuará entre los 700 y 1.000 millones de dólares al año, y que según el gobernante “irán íntegramente” a financiar la reforma educativa.

Ante estas contradicciones es necesario aclarar al menos lo siguiente, que en rigor de lo que está hablando el señor Presidente-empresario no es de una reforma, sino de un ajuste al sistema tributario actual y de un ajuste al sistema de financiamiento de la educación en Chile, ambos bajo la lógica perversa del mercado. Una reforma significa algo que no está dispuesto a realizar, cambios estructurales de orientación profundos y generalizados en el sistema y en las políticas relacionadas a la recaudación fiscal, agregando que una reforma estructural al sistema educativo requiere de un financiamiento permanente, el que no es posible garantizar únicamente con el crecimiento (de la economía) proyectado en el tiempo.

Dicho lo anterior es necesario recordar también algo que nos enseñan en el segundo año de estudios de Economía, que en las finanzas publicas hay ciertos principios que son necesarios de observar para la toma de decisiones. Que si uno compromete gastos públicos de forma permanente, tiene que tener un financiamiento del mismo tipo, por lo tanto si se plantea, algo que este Gobierno no hará, una reforma integral de la educación, la misma requiere de unas fuentes permanentes del ingreso nacional.

Por otra parte la recaudación fiscal es la fuente de aportes para la solución no solo de la educación, que es uno de los principales problemas que tenemos, sino que para atacar y resolver la causa de la inequidad y de la desigualdad social que día a día corroe este país, lo que requiere al igual que la educación, de una recaudación tributaria permanente y significativa, para financiar los programas de carácter social que se necesitan implementar.

En definitiva no hay tales reformas, el anuncio es como siempre más grande que lo que se hará realmente y el ajuste propuesto no cambia la esencia del sistema tributario del país. Un sistema que fue establecido durante la dictadura militar y que no fue modificado, sino mas bien reforzado, por todos los ex ministros de Hacienda de la Concertación y que para Piñera y sus ministros, es un sistema “bien concebido” que tiene la virtud de incentivar la inversión.

Sin embargo esta afirmación no es correcta lo que corresponde decir al respecto, es que el sistema tributario actual lo que incentiva no es la inversión sino que el lucro y la especulación, la política tributaria que tenemos en nuestro país permite que el 90% de la evasión tributaria sea provocada por el 5% más rico de la población. Es la ley la que establece que las empresas tienen que pagar por sus ganancias pero a la vez es condescendiente con la evasión de esos impuestos: pagan un impuesto (de primera categoría) del 20% y un impuesto global complementario que es hasta un 40%, dependiendo de los ingresos de la persona.

Pero la ley también dice que este ultimo impuesto (global complementario) se paga cuando se retiran las utilidades, algo que las empresas no hacen para eludir ese pago y no retiran las utilidades sino que las acumulan en el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT). La idea del FUT (creado en 1984) es que las empresas empleen las utilidades acumuladas en este fondo para invertirlas, pero en la práctica estas han desarrollado un abanico de estrategias, para simular que invierten ese dinero mientras en la práctica lo retiran eludiendo los impuestos y aumentando las ganancias; Este es tal vez el factor más importante de evasión de los impuestos a la renta de alrededor de 50%.

Piñera no habló tampoco de los impuestos a la minería, actualmente las mineras extranjeras producen el doble que Codelco y controlan más del 70% del cobre chileno, las utilidades, según los propios balances de las compañías, sumaron 76.800 millones en el quinquenio 2005-2009 pero pagan por impuesto a la renta y royalty tres veces menos que la empresa estatal.

Hoy en día, el nuevo sistema de royalty en Chile, promulgado en octubre de 2010, establece un impuesto variable de 4-9%, en función de los márgenes operacionales, para las mineras que anteriormente gozaban de invariabilidad tributaria, y de 5-9% para los nuevos proyectos en el período 2010-2012. Antes, las empresas pagaban 4-5%, pero la adopción del nuevo sistema es voluntaria hasta el 2012.

Algo mas, todos los años la Dirección de Presupuesto reporta que existen más de 5 mil millones de dólares de “Gasto Tributario”, lo que en realidad son “subsidios” que el Fisco otorga a los más ricos de Chile, mediante exenciones tributarias, es decir, no cobrarles el impuesto a la renta por las ganancias que obtienen en acciones, fondos mutuos, APV de las AFP entre otros. Por esta razón, sin necesidad de aumentar ningún impuesto, bastaría que el Estado ponga término a estos “subsidios” a los ricos, para que se puedan recaudar 5 mil millones de dólares para la Educación Gratuita.

Pero esto último no es parte del esquema ideológico del gobierno por lo tanto más allá de estos parches recién anunciados, que en el corto plazo nos van a dejar  en el mismo punto donde estamos y peor, en ningún caso va a reformar un sistema de educación que en chile es antidemocrático. Desde la reforma educativa que impuso la dictadura militar a la fecha la educación es un bien de consumo y de inversión, se tranza en el mercado y se le trata como una mercancía, en donde las leyes de la demanda y de la oferta son las que determinan la cantidad de educados y el precio que vale la educación.

Así entonces los “cambios” propuestos por Piñera y su gobierno están destinados a un objetivo político, paralizar al movimiento estudiantil, porque aunque no lo quieran reconocer esta fue la razón principal por la que se vieron obligados a ceder. Por eso se atrevieron a sacar a la banca como instrumento del crédito estudiantil, para en apariencia coincidir en el llamado de los estudiantes de terminar con un sistema que permitió alimentar la especulación y el lucro en la educación.

Pero lo que harán no es terminar con el lucro, sino que reemplazar el otorgamiento de créditos universitarios a través del sistema bancario, por un subsidio desde el estado al sistema de educación privada, tal cual sucede hoy en otros ámbitos de la economía. Lo que hicieron con esta medida es encontrar un sistema para incentivar la demanda, favoreciendo al sistema de universidades privadas, obviamente que  en desmedro de la educación pública.

Esto implicará un incentivo a los estudiantes que opten por aquellas carreras que el mercado propone en un momento determinado, dejando de lado la calidad de la misma, en desmedro de aquellas que sin ser demandadas por este, son importantes para el desarrollo de la sociedad.

Así entonces lo que anunció Piñera son medidas que se fundamentan en la ideología neoliberal extrema, que transforma las relaciones sociales y de convivencia en meras relaciones de mercado y que por lo tanto fortalecen un sistema educacional clasista e individualista, competitivo y tradicionalista, destinado a producir individuos descomprometidos, egoístas y centrados en su propio éxito.

Esto señala una vez más una contradicción bien profunda entre quienes optamos por una sociedad que aspira a construir su cultura en la valorización de las personas y del trabajo productivo, como fuente de la realización personal y de la riqueza nacional, con una educación que desprecia a la persona y el trabajo en favor del consumo como signo de prestigio y dignidad social. Lo que defienden Piñera y sus “Pinochet_Boys recargados” no tiene nada que ver con el desarrollo del país, con la igualdad de oportunidades ni con la calidad de la educación, desmantelando al estado y a la Educación Pública.

Por tales razones y bajo las actuales circunstancias lo que necesitamos como país es un Sistema de Educación Pública de calidad, con políticas de unificación e integración de todo el proceso educativo, con una visión de país, con planes de enseñanza vinculados a la producción, a la cultura y al conocimiento. En este sentido la educación pública y gratuita es la única forma de instalar un equilibrio social firme y duradero pero además, para conseguir un proyecto nacional independiente y autodeterminado, todo lo demás es efímero y engañoso.

Pero donde está la izquierda, la organización política que le salga al paso  a estas invenciones neoliberales cada vez más dañinas para los que trabajamos y vivimos de nuestro sustento.

Ya es hora de sentarse a pensar en Chile, salirse del juego electoral de mercado y del poder por el poder, hace falta la izquierda valiente en nuestro país, que desde su historia, errores y aciertos proponga un camino distinto y que luche por conseguirlo desde su identidad.

Las propuestas de Pinera y de algunos de sus ministros arrogantes que nos tratan como ignorantes, al menos nos hacen reflexionar y eso es bueno, porque surgen varias inquietudes que nos harán al menos conversarlas con quienes no compartimos este modelo neoliberal criollo pinochetista.

Quienes nos llaman a votar y organizan primarias no se han dado cuenta aun, que  estamos normados por un sistema binominal de esencia dictatorial, para el cual la democracia no es más que un instrumento para validar la democracia electoral y de mercado en la que vivimos. No se dan cuenta que esa es una de las razones por las cuales los electores ya no nos sentimos representados, por una clase política que poco a poco ha ido dejando en claro que está lejos de nuestros intereses, que defiende su espacio de poder e incluso, en casos, el enriquecimiento personal.

Los chilenos desde hace rato que somos considerados consumidores no votantes, en estos últimos veintidós años se privatizaron los problemas y la participación social, nuestras reivindicaciones y nuestras esperanzas. Un contexto en el cual la democracia es un juego más o menos amarrado por los dueños del poder económico y por los gerentes de sistemas empresariales para los cuales  apenas alcanzamos  a ser “unos recursos a utilizar” .

Todo esto no hace más que profundizar la crisis de la democracia representativa, que poco a poco se transformo en un conjunto de reglas y procedimientos que no aportan a la convivencia social sino que son trabas para nuestra expresión en libertad. Eso es el binominal, reglas al servicio de fines y objetivos que necesitan de la arbitrariedad y el secreto de los acuerdos entre cuatro paredes, que no responden ni satisfacen las demandas de las mayorías sino que apuntan a buscar el equilibrio que mantiene al sistema en pie.

En suma entonces, hoy al igual que ayer cuando luchamos en contra de la dictadura, la voluntad democrática está ligada a la libertad y a la capacidad de obrar libremente por nuestros intereses. Para eso los chilenos tenemos que unirnos y organizarnos de forma valiente, como lo están haciendo los estudiantes, las organizaciones sociales, con capacidad para movilizarse reclamando la igualdad de derechos frente a los que poseen o se sienten los dueños del poder y de los recursos económicos.

“Pensamos que este proceso de discusión de los problemas educacionales, tal como lo hemos señalado, forma parte de una concepción amplia y auténtica de una verdadera democracia, en donde la mayoría del pueblo participe permanentemente y no sólo en forma ocasional, como ocurre hoy día, en donde el pueblo todavía es citado tan solo en los actos eleccionarios” (Salvador Allende Marzo de 1971).

Dr. Enrique Villanueva Molina
Ex dirigente Rodriguista

Fuente: http://radio.uchile.cl/cartas-al-director/150240/

abr 162012
 

La anunciada reforma tributaria  se analizará, probablemente, desde los tradicionales puntos de vistas económicos y legales, con defensores y detractores, y si subir mantener o bajar las tasas o diferenciarla por niveles de ingresos y otros. Pero hay que tener presente que sólo en el futuro esta reforma  causará sus efectos reales.

Como consultores consideramos de vital importancia anticipar  las características que podrían tener esos futuros alternativos, puesto que toda reforma tributaria  se verá realizada sólo entonces. Por lo mismo, es importante preguntarse durante la tramitación legislativa  en qué probables escenarios se hará efectiva la reforma, por lo menos en cuanto a los  valores estimados para variables tales como: PIB y  participación de los principales sectores económicos y del Estado; grado de concentración de los sectores económicos; origen  nacional y extranjero de las empresas, población nacional y extranjera; extensión y  profundización de la revolución informática; cambios  tecnológicos, cambios ambientales, competitividad, perdida o ganancia de ventajas competitivas, empoderamiento de la población para  tener mejor y más transparente información sobre sus declaraciones y sus impuestos realmente pagados, así como  de cada miembro de la población, en particular para todos los que reciben ingresos proveniente del erario nacional, o los que reciben recursos comerciales del exterior, los ingresos ONG, financiamientos políticos, de religiones y otros.

En la actualidad, por ejemplo,  hay importantes falencias sobre información pública,  en materia de contribuyentes y de los montos declarados y pagados para el conjunto de la carga tributaria individual real. Por tanto muchos análisis pueden ser errados. Para velar que la reforma incorpore una mayor amplitud de  información y la sana transparencia: ¿No sería conveniente que se informara previamente en forma muy precisa sobre el o los escenarios políticos, sociales, económicos, ambientales en los que se sustenta dicha reforma tributaria?

De no existir esa información sobre escenarios futuros y sus supuestos, en base a metodologías ad hoc: ¿Cómo sería posible evaluar y controlar la calidad de la reforma tributaria aprobada, así como los ajustes a los que debiera someterse para controlar el alcance de los objetivos y beneficios esperados en los escenario asumidos como más probables?

Omar Villanueva Olmedo
Director OLIBAR Consultores

Fuente: http://radio.uchile.cl/cartas-al-director/148126/

feb 242012
 

El primer signo de democracia fue aquel en el que Pilatos preguntó al pueblo a quien indultaba: a Jesús o a Barrabás -el pueblo eligió a Barrabás, con lo cual condenaba a Jesús a morir- y se lavó las manos.

Votamos y decidimos.

Necesitamos más gobierno y menos información que no nos atañe, simplemente porque la información específica deben manejarla los expertos, sin embargo nos la dan a todas horas y opinamos, claro que opinamos, basándonos siempre en; de que boca ha salido y no al contenido, sencillamente porque el contenido no lo entendemos.

Ejemplo: La reforma Laboral.

Titulares más significativos: La indemnización por despido pasa de 45 días a 33 días.

“Eso” ya estaba. Hace más de 15 años salió al mercado laboral un contrato de transformación a indefinido con una indemnización de 33 días por año. Este es el contrato que se ha venido utilizando.

De todos modos, hoy se utiliza más el ERE, con esta herramienta, los empleados más antiguos, son los primeros en ser despedidos y la indemnización rara vez sobrepasa los 20 días por año, con el tope igual que el despido objetivo; con lo cual los 45 días, hoy, se paga en raros casos de despido improcedente dictado por tribunales.

Otro titular: La moderación salarial para 3 años, gran logro, con acuerdos de los sindicatos.

¿A qué parado le importa en estos momentos dicha moderación? ¿Les importa quizás a los trabajadores que no saben si este año lo van a terminar en su puesto de trabajo?

PERO, SI HAY REFORMAS POR LAS QUE PASAN DE PUNTILLAS, SIN TITULARES.
Los ratios de absentismo laboral, algo que los empresarios vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo.
Ese absentismo laboral, va a hacer que por ejemplo las mutuas -que pagan los empresarios- gestionen no solo las bajas por accidente, sino también las bajas por enfermedad.
El ratio lo calcularán de manera individual.
Traduciendo: pobre del débil, ya puede empezar a tomar vitaminas, no vaya a enfermar.
Lo que nos lleva a que se despida a bajo precio por el mero hecho de que no les gusten tus zapatos.
¿Y los que hemos estudiado el valor del capital humano en las empresas?
Ese máster no nos vale, ahora nos formaremos para estudiar un máster en economía laboral en el que la asignatura principal sea como despedir más barato.

La fiesta terminó, no me he enterado, ¿qué ha pasado?
Un ágil montaje de bustos parlantes -políticos, expertos financieros y periodistas, han dicho que pare la música.

La tormenta perfecta.

Hace un año publique un artículo de opinión en este mismo periódico en el exponía una pregunta que me hizo mi psicóloga ante una crisis emocional a causa de mi despido después de 30 años en la empresa.
Por cierto no hizo falta ninguna reforma para que mi indemnización por despido, fuera la de 20 días por año, por 12 mensualidades.

La pregunta fue la siguiente:
¿Cuánto crees que tardará en restablecerse la normalidad en las empresas? o lo que es lo mismo: ¿cuánto durará esta crisis? No dudé: lo que tarde en romperse todo, como en las guerras.
El tiempo me sigue dando la razón, aún no está todo roto.
Lo estará cuando las empresas logren despedir por un estornudo inoportuno, porque – frase que ya me han dicho – hay 50 personas en la puerta esperando tu puesto.
¿Defendernos en los tribunales? imposible pagar abogados no hay dinero, de todos modos y con todo el respeto al poder judicial, según mi experiencia ante una situación de vulneración de derechos, con 87 pruebas documentales, 4 testigos relevantes y 2 informes periciales, perdí la batalla.
¿Por qué?…

Los sindicatos, tal y como están hoy estructurados, poco pueden hacer. Según parece, no pueden ir contra el sistema.

Lo único que hoy podemos hacer los que estamos en edad de trabajar es invertir, ahora que aún podemos hacerlo, invertir en gente con capacidad de luchar por los derechos que aún tenemos y que crea en ello; movernos para crear una organización de personas, sin vinculaciones con el estado, sin esa avaricia desbocada que nos ha dejado en la bancarrota, legalmente preparadas -que las hay- y crearnos con esta asociación una defensa, porque la vamos a necesitar.
Si no lo hacemos ahora, será tarde.
La destrucción de empleo no ha terminado. “Aún no se ha roto todo”.

Otro titular de la reforma: Bonificación de 3.600 euros para la contratación de un menor de 30 años.
Requisitos:
Primero: un año de prueba
Segundo: un contrato indefinido
La empresa recibe la bonificación en tres cuotas (tres años)
Hacemos la cuenta: Devengos del trabajador = 1.000 euros (como mucho).
Indemnización por despido a los tres años de trabajo 1.000 euros por 20 días = 750 por 3 años = 2.250
Bonificación 3.600

Despido libre NO, despido ventajoso.

Es solo mi opinión, quizá parezca la opinión de alguien despechado, pero, lo cierto es que nadie sabe cuánto me gustaría estar equivocado.

Meugenia