jul 252011
 

24.07.11 | 12:38 h. EUROPA PRESS

El Tribunal de Cuentas ha detectado “numerosas irregularidades y deficiencias” en la venta de viviendas militares acometida por parte del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INFIVAS) del Ministerio de Defensa entre los años 2003 y 2005. Así lo pone de manifiesto en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también recomienda al organismo que modifique su forma de cobro para que no exista “riesgo para los fondos públicos”.

El Tribunal de Cuentas ha detectado “numerosas irregularidades y deficiencias en la venta de viviendas militares acometida por parte del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INFIVAS) del Ministerio de Defensa entre los años 2003 y 2005. Así lo pone de manifiesto en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también recomienda al organismo que modifique su forma de cobro para que no exista “riesgo para los fondos públicos”.

El objetivo del informe, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de junio y firmado por el presidente del organismo, Manuel Núñez, era comprobar que la venta de viviendas militares y demás inmuebles –especialmente locales comerciales y solares– realizada durante esos años se ajustó a las disposiciones legales y reglamentarias que les son de aplicación.

En concreto, en el periodo fiscalizado, el INFIVAS –que se ha refundido con otro organismo ya hora se llama Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)– enajenó un total de 14.181 inmuebles por un valor total de 1,57 millones de euros. Del total, el 97% correspondió a viviendas militares.

Tras analizar decenas de expedientes, el organismo público ha detectado que el INFIVAS tiene la práctica de declarar en la escritura pública de compraventa haber recibido el importe del inmueble con anterioridad a la venta, cuando en realidad el pago se hace efectivo días después del otorgamiento de escritura.

RIESGO PARA LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA

A juicio del Tribunal, esta práctica “puede suponer un riesgo para los intereses de la Hacienda pública” y por eso el capítulo de recomendaciones del informe comienza sugiriendo el cambio de la forma de cobro.

Aunque el informe concluye que las tasaciones de las viviendas enajenadas realizadas por sociedades autorizadas por el INFIVAS se realizaron siguiendo lo preceptuado legalmente, avisa de que “con carácter general”, en los concursos se admitió que participasen “licitadores que presentaron documentación defectuosa para acreditar sus requisitos y méritos”.

En concreto, ha detectado que fueron admitidos a licitación en los concursos interesados que presentaron sus solicitudes a través de correo postal “sin cumplir los requisitos legalmente exigibles para garantizar que la presentación se había realizado dentro de plazo”.

También recoge, como quinta conclusión, el hallazgo de “numerosas irregularidades y deficiencias de tipo procedimental”, especialmente en la venta de locales comerciales y solares mediante subasta y convenio. Entre otras, habla de ausencia de documentación necesaria, la petición de depósito de una garantía inferior a la estipulada legalmente, la ausencia de anuncios preceptivos en la venta de inmuebles y avales insuficientes para participar en las subastas.

Además, el Tribunal de Cuentas también considera que las cuantías por las que fueron vendidos los inmuebles objeto de convenio con otros entes públicos “no se encuentran suficientemente justificadas”. También contempla que en ninguna de las enajenaciones de inmuebles realizadas a través de convenio en el periodo fiscalizado se acreditó que el Instituto realizara la necesaria comunicación previa de la desafectación de los inmuebles al Ministerio de Hacienda.

Según el informe, en alguno de los convenios analizados no ha quedado acreditado que la actuación del INFIVAS “garantizase el interés público cuya protección incumbía”. Por todo ello, recomienda al instituto que, en las enajenaciones de solares en virtud de convenio, acredite debidamente tanto la causa como la justificación del precio de enajenación”.

Fuente: Telecinco


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feb 202009
 

El Ministerio de Defensa está evaluando la posibilidad de destinar más de 200.000 euros para contratar a un cristalero que se encargue de reemplazar la vidriera que preside el comedor de gala de la Academia de Toledo por estar decorada con el escudo franquista.

2009-02-20

L D (Europa Press) Las fuentes militares consultadas por Europa Press aseguraron que el Ejército de Tierra ha solicitado y obtenido recientemente el presupuesto concreto que supondría realizar esa reforma para poder sacar el símbolo preconstitucional del centro de formación castrense, elaborado por un cristalero de Madrid, y cuyo importe supera los 200.000 euros y se aproxima a los 300.000 euros.

El reemplazo de la cristalera, de grandes dimensiones, que data de 1948 y que tiene “valor artístico e histórico”, se sitúa “entre los 40 y los 50 millones de pesetas”, aseguraron las fuentes consultadas. El estudio del reemplazo de la vidriera viene motivado por la decisión del Ministerio de Defensa de realizar un inventario de todos aquellos bienes e inmuebles que tengan símbolos franquistas y que dependan del Departamento que dirige Carmen Chacón y de los Ejércitos de Tierra y del Aire y la Armada.

Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa comenzó el pasado año la elaboración de un catálogo detallado con todos los símbolos preconstitucionales susceptibles de ser retirados, una recopilación que, según las mismas fuentes, está en la actualidad muy avanzada.

“El águila dejará de volar”

El reemplazo de la vidriera por la presencia del escudo preconstitucional fue avanzado este jueves por la revista semanal “Los Ecos”, en un artículo titulado: “El águila dejará de “volar”, en el que asegura que la decisión de sustituir la cristalera del comedor de gala “viene de arriba”.

La publicación provincial toledana explica que el director de la Academia de Infantería, el general de Brigada Adolfo Orozco, “ya ha recibido la orden de sustituir el denominado (…) escudo preconstitucional que ocupa gran parte del techo del comedor de gala de la institución militar toledana desde la década de los años 40 del siglo XX”.

“Un águila hecha en cristal tallado que está considerada como una auténtica obra de artesanía y que el Ministerio de Defensa ha decidido sustituir”, añade la revista, que además informa de que la nueva vidriera podría estar decorada con el escudo constitucional o con el del Arma de Infantería.

Bienes de interés cultural con significado histórico

El estudio del reemplazo de la vidriera que preside el comedor de gala de la Academia de Infantería del Ejército de Tierra se produce después de que el 31 de octubre el Consejo de Ministros aprobara el acuerdo que regula las instrucciones del Ministerio de Cultura para la retirada de símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado.

Dicho acuerdo estipula que “sólo se conservarán los (símbolos) que tengan un significado histórico-artístico y arquitectónico”. “Se exceptúan los símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos: Significado histórico (…) y valor artístico o artístico-religioso”.

LD

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jun 122008
 

El Ministerio de Defensa exigirá a los oficiales de los tres ejércitos que quieran incorporarse a la nueva escala única de oficiales procedentes de la antigua escala básica ‘la formación adecuada en principios, valores y objetivos’ de la Alianza de Civilizaciones, según se establece en una circular interna del Departamento que dirige como titular suplente Alfredo Pérez Rubalcaba.

El documento, al que tuvo acceso Europa Press, señala que ‘de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional sobre la Alianza de Civilizaciones’, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero, el curso de adaptación a la nueva escala de oficiales ‘deberá incorporar’ a sus planes de estudios ‘la formación adecuada en principios, valores y objetivos recogidos por la referida Alianza’.

El curso de adaptación deberá ser superado obligatoriamente por todos aquellos militares pertenecientes a la antigua escala de oficiales que quieran integrarse en la nueva escala de oficiales, creada en cumplimiento de la Ley de la Carrera Militar para unificar las dos escalas actuales (escala de oficiales y escala superior de oficiales).

La comunicación del Ministerio de Defensa fue redactada a finales del pasado mes de mayo, en respuesta a una consulta dirigida desde uno de los cuarteles generales de los ejércitos sobre los planes de estudios del curso de adaptación. El escrito fue remitido el 27 de mayo y entró en el registro del cuartel general militar el 2 de junio.

El documento explica varios aspectos específicos de los planes de estudios del curso de adaptación, como, por ejemplo, que no deberá tener más de 100 horas de inglés y que las materias comunes deberán suponer el 30 por ciento de los contenidos y las específicas el 70 por ciento.

A continuación, señala que los planes de estudios del curso deberán recoger ‘la formación adecuada en principios, valores y objetivos recogidos en la referida Alianza’ y precisa que dichos planes ‘no prefigurarán, en ningún caso, posibles y futuras especialidades fundamentales’.

La circular fue remitida por Defensa acompañada por el documento ‘Actuaciones del Ministerio de Defensa en el ámbito del Plan Nacional de la Alianza de Civilizaciones’, un escrito en el que desglosa las líneas que se deben seguir para promover este foro en las Fuerzas Armadas y que fue desvelado el 4 de junio por el diario La Razón.

ACRECENTAR CONOCIMIENTOS DE LA LEY DE IGUALDAD

Además de la Alianza de las Civilizaciones, el curso de adaptación también incluirá entre sus objetivos que los militares acrediten el aumento de sus ‘conocimientos’ sobre la Ley de Igualdad, ‘muy especialmente en el ámbito de la defensa’, según la convocatoria oficial aprobada por Defensa el 6 de junio y recogida por Europa Press.

La resolución ministerial, publicada por el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) con más de cuatro meses de retraso, establece, entre otros objetivos generales, que el curso deberá permitir a los oficiales ‘acrecentar los conocimientos de la normativa promulgada para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y muy especialmente en el ámbito de la defensa’ y ‘progresar en el conocimiento y utilización de las técnicas medioambientales para la preservación de instalaciones y zonas de operaciones, así como en el conocimiento de la normativa en materia de seguridad y de salud en el trabajo’.

En este apartado figuran además como metas que los militares aumenten sus capacidades para ejercer sus nuevas responsabilidades, potencien su capacidad de liderazgo, amplíen sus conocimiento sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y conozcan ‘la realidad internacional con el fin de contribuir a la acción exterior del Estado’.

La resolución del Ministerio de Defensa fue aprobada con la firma de Rubalcaba el pasado 29 de mayo, cuando debería haber sido ratificada por el Departamento el pasado 31 de enero, para que los oficiales de la antigua escala básica pudieran decidir antes del 31 de marzo si completaban o no el nuevo periodo de formación, según estipula la Ley de la Carrera Militar, aprobada en noviembre de 2007.

Ambos plazos fueron ampliamente superados, hecho que provocó las críticas desde diferentes colectivos militares y asociaciones como es el caso de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que inició una campaña para informar de esta situación a sus asociados.

El curso de adaptación tendrá una duración de 35 semanas, entre clases presenciales y a distancia, y ‘no estará encuadrado en la enseñanza militar de formación ni en la de perfeccionamiento ni en los altos estudios de la defensa’, por lo que no tendrá efecto académico alguno y sólo posibilitará el ingreso en la nueva escala unificada.

El modo en que se realizará la adaptación de escalas ha sido también criticado por la Federación de Asociaciones Militares de España (FAME), un colectivo que engloba a las asociaciones castrenses AMARTE, CIOFAS, ARFAGA y HERLEPERMISA, por estimar que se impedirá el acceso a la nueva escala de oficiales de ‘los mejores y más experimentados tenientes’, procedentes de la escala de suboficiales.

LA CÚPULA MILITAR ELABORARÁ LOS PLANES DE ESTUDIOS

El texto elaborado por el Ministerio de Defensa especifica que habrá dos modalidades de curso: uno para los oficiales que se incorporen como capitanes y otro para aquellos que accedan como comandante o con empleos superiores. Los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire serán los encargados de elaborar los planes de estudios que regirán los cursos y su propuesta deberá ser ratificada por el Ministerio de Defensa.

La resolución recogida por Europa Press establece que el curso tendrá una duración de 35 semanas, de las cuales al menos catorce será presenciales y otras tantas se impartirán a distancia, y que constará de una serie de materias comunes (Organización, Liderazgo y Gestión de Recursos) y otras específicas que dependerán del ejército al que pertenece el oficial.

La nota final obtenida en las clases presenciales supondrá tres cuartos de la nota global del curso y las lecciones a distancia representarán el cuarto restante. Los oficiales tendrán sólo dos oportunidades para superar cada una de las fases del curso y podrán aplazarlo en una única ocasión, justificando con documentación el motivo del aplazamiento. Los oficiales que no superen el curso de adaptación y aquellos que decidan renunciar a hacerlo se mantendrán en su escala, que quedará a extinguir, conforme a lo previsto en la anterior Ley de Régimen de Personal.

Terra Actualidad – Europa Press

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jun 082008
 

El Ministerio de Defensa considera que el sonido supuestamente producido por un F-18 que pudo oírse el pasado 9 de abril en Guadalajara fue un caso aislado provocado por condiciones climatológicas ‘poco habituales’ y que no tiene constancia de que tal suceso produjera daño material ni personal alguno.

En respuesta escrita a una batería de preguntas del senador del PP Juan Pablo Sánchez sobre este asunto, y a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno central explica que las aeronaves del Ejército del Aire ‘cumplen escrupulosamente’ las normas vigentes relativas a alturas mínimas de vuelo sobre núcleos de población.

Detalla que excepcionalmente los aviones del Ejército del Aire realizan ejercicios de entrenamiento a velocidades superiores a la velocidad del sonido, pero en todo caso ‘siempre se respetan los parámetros de vuelo internacionalmente reconocidos’.

La intención, añade, es que estos vuelos causen la menor molestia a la población, y en particular se realizan en altitudes muy elevadas y en zonas acotadas alejadas de la población.

Sin embargo, el Ejecutivo apunta que no se puede descartar totalmente que ‘circunstancias atmosféricas extraordinarias’ hagan que sean percibidos en la superficie de la Tierra sonidos de naturaleza similar a los producidos en abril en Guadalajara.

Así, este sería ‘un caso aislado provocado por unas condiciones climatológicas poco habituales consistentes en la existencia de una conductividad sónica en la atmósfera inusual y anormalmente elevada’.

Culmina afirmando que el Ministerio de Defensa no tiene noticia de que el sonido producido supuestamente por un avión del Ejército del Aire el pasado abril haya producido ‘daño material ni personal alguno’.

Terra Actualidad – Europa Press

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jun 072008
 

El Ministerio de Defensa ha fijado como uno de los objetivos del curso que deberán superar los oficiales que deseen integrarse en la nueva Escala única procedentes de la antigua Escala Básica el aumento de sus ‘conocimientos’ sobre la Ley de Igualdad, ‘muy especialmente en el ámbito de la defensa’, según figura en la convocatoria del curso de adaptación ratificada por el Departamento que dirige de forma interina Alfredo Pérez Rubalcaba.

La resolución ministerial, publicada por el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) con más de seis meses de retraso y recogida por Europa Press, establece, entre otros objetivos generales, que el curso deberá permitir a los oficiales ‘acrecentar los conocimientos de la normativa promulgada para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y muy especialmente en el ámbito de la defensa’ y ‘progresar en el conocimiento y utilización de las técnicas medioambientales para la preservación de instalaciones y zonas de operaciones, así como en el conocimiento de la normativa en materia de seguridad y de salud en el trabajo’.

En este apartado figuran además como metas que los militares aumenten sus capacidades para ejercer sus nuevas responsabilidades, potencien su capacidad de liderazgo, amplíen sus conocimiento sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y conozcan ‘la realidad internacional con el fin de contribuir a la acción exterior del Estado’.

La resolución del Ministerio de Defensa fue aprobada con la firma de Rubalcaba el pasado 29 de mayo, cuando debería haber sido ratificada por el Departamento el pasado 31 de enero, para que los oficiales de la antigua escala básica pudieran decidir antes del 31 de marzo si completaban o no el nuevo periodo de formación, según estipula la Ley de la Carrera Militar, aprobada el pasado mes de noviembre.

Ambos plazos fueron ampliamente superados, hecho que provocó las críticas desde diferentes colectivos militares y asociaciones como es el caso de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que inició una campaña para informar de esta situación a sus asociados.

Según la orden publicada este viernes, el curso de adaptación tendrá una duración de 35 semanas, entre clases presenciales y a distancia, y ‘no estará encuadrado en la enseñanza militar de formación ni en la de perfeccionamiento ni en los altos estudios de la defensa’, por lo que no tendrá efecto académico alguno y sólo posibilitará el ingreso en la nueva escala unificada.

El modo en que se realizará la adaptación de escalas ha sido también criticado por la Federación de Asociaciones Militares de España (FAME), un colectivo que engloba a las asociaciones castrenses AMARTE, CIOFAS, ARFAGA y HERLEPERMISA, por estimar que se impedirá el acceso a la nueva escala de oficiales de ‘los mejores y más experimentados tenientes’, procedentes de la escala de suboficiales.

LA CÚPULA MILITAR ELABORARÁ LOS PLANES DE ESTUDIOS

El texto elaborado por el Ministerio de Defensa especifica que habrá dos modalidades de curso: uno para los oficiales que se incorporen como capitanes y otro para aquellos que accedan como comandante o con empleos superiores. Los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire serán los encargados de elaborar los planes de estudios que regirán los cursos y su propuesta deberá ser ratificada por el Ministerio de Defensa.

La resolución recogida por Europa Press establece que el curso tendrá una duración de 35 semanas, de las cuales al menos catorce será presenciales y otras tantas se impartirán a distancia, y que constará de una serie de materias comunes (Organización, Liderazgo y Gestión de Recursos) y otras específicas que dependerán del ejército al que pertenece el oficial.

La nota final obtenida en las clases presenciales supondrá tres cuartos de la nota global del curso y las lecciones a distancia representarán el cuarto restante. Los oficiales tendrán sólo dos oportunidades para superar cada una de las fases del curso y podrán aplazarlo en una única ocasión, justificando con documentación el motivo del aplazamiento. Los oficiales que no superen el curso de adaptación y aquellos que decidan renunciar a hacerlo se mantendrán en su escala, conforme a lo previsto en la anterior Ley de Régimen de Personal.

Según establece la Ley de Carrera Militar en su disposición transitoria cuarta, la incorporación de oficiales a la nueva escala única se producirá a partir del próximo 1 de julio. Los militares de la Escala Superior ingresarán de inmediato sin necesidad de realizar ningún curso a partir del próximo 1 de julio mientras que sus compañeros de la Escala de Oficiales sólo podrán acceder una vez hayan superado el curso de adaptación, cada 1 de julio.

Terra Actualidad – Europa Press

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may 162008
 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS).- La ONG Greenpeace acusó hoy a varias empresas españolas y a entidades bancarias de apoyar la producción de bombas de racimo durante la presentación de un manifiesto contra este tipo de munición ratificado por 150 personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, el arte, la ciencia y el tercer sector, y pidió al Gobierno que “sea valiente” y “se decida” a prohibir su fabricación.

Europa Press

14/05/2008 (18:09h.)

Estas empresas –los fabricantes Expal (Explosivos Alaveses S.A) e Instalaza, con sede en Zaragoza– negaron estas acusaciones y señalaron a Europa Press que, en el caso de Expal, no fabrican este tipo de armamento “desde hace más de diez años”, mientras que Instalaza dijo “no haberlas fabricado nunca”.

En cuanto a la postura del Gobierno, la ONG señaló que a éste le resulta “muy difícil posicionarse” ante esta realidad debido al “entramado” que existe entre el complejo militar, industrial y económico español. Así, apuntó que el presidente de la empresa vizcaína productora de estas bombas de racimo, Expal, es el ex almirante de la Armada Española y ex secretario general de política de Defensa hasta enero de 2007, Francisco Torrente, que dos meses después de abandonar su cargo ya era presidente.

En relación con la empresa Expal, que según Greenpeace fabrica la bomba BME 330, la ONG hizo alusión al crédito sindicado otorgado por “varios bancos españoles” entre los que nombró a BBVA, Banesto y Caixa de Catalunya, que, en éste último caso, “tiene como presidente al ex vicepresidente y ministro de Defensa de España, Narcis Serra”.

Asimismo, la ONG explicó que Instalaza “desarrolla la bomba MAT 120″ y está introduciendo innovaciones tecnológicas para conseguir que se “autodestruya y autodesactive”, aunque sólo está probada en laboratorio, “porque si se hiciese en un escenario real provocaría la muerte de civiles”.

En este sentido, Greenpeace señaló que la Administración está adoptando la posición de “salvar las bombas de racimo más avanzadas tecnológicamente”, arsenal que también rechazó porque, según los denunciantes, “estas bombas siempre provocan la muerte de civiles, contradiciendo el Derecho Internacional Humanitario al que se deben acoger 194 países”. Además, apuntó que aceptar este tipo de bombas supondría “legitimarlas” y “apoyarlas”.

También criticó la “postura de consenso” tomada por el Gobierno, ya que, según la organización, el Ejecutivo ha preferido “flexibilizar” sus exigencias para conseguir que el tratado firmado sea ratificado por un mayor número de países. Frente a esta postura, la ONG recordó que el documento firmado contra las bombas antipersonales “no tuvo un gran seguimiento”, pero actualmente “es respetado por todos, incluidos los no firmantes, como Estados Unidos”.

| 14/May/2008 18:06:59 (EUROPA PRESS) 05/14/18-06/08 ”

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abr 212008
 


El Ministerio de Defensa ha ordenado a uno de sus buques que se encontraban en las inmediaciones de las aguas territoriales somalíes que se dirija a la zona en la que hoy fue secuestrado un atunero vasco, el ‘Playa de Bakio’, abordado sobre las 13.00 horas de hoy por piratas en aguas somalíes. En el buque había 26 pescadores, trece de ellos de nacionalidad española, según informa una nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores recogida por Europa Press.



Un buque del ministerio de defensa se dirige a la

La Embajada de España en Kenia, con jurisdicción en Somalia, ha iniciado ya las primeras gestiones y contactos con las autoridades de la zona. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha contactado con países aliados y amigos con presencia en el área.

Por otra parte, Defensa también se ha puesto en contacto con las autoridades militares de países con presencia militar en la zona con el objeto de obtener la colaboración de los mismos en todo lo que suponga apoyo logístico y ayuda en la localización del barco afectado.

Previamente, el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno vasco informó de que el buque fue asaltado por cuatro personas armadas con lanzagranadas a unas 230 millas de la costa de Somalia, en aguas internacionales, información que se contradice con la difundida por Exteriores, que asegura que son aguas somalíes.

De los 13 ciudadanos españoles, ocho serían gallegos y otros cinco serían vascos, y ninguno de ellos habría resultado herido durante el asalto, según el Gobierno vasco.

A pesar de que el atunero sufrió desperfectos materiales durante el asalto, los daños no impiden su navegabilidad y gobernabilidad y, según el seguimiento que se le está haciendo, los primeros indicios apuntan a que el buque se dirige hacia tierra firme.

Terra Actualidad – Europa Press

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