En la prensa de esta semana, en espacios bien reducidos, apareció la noticia que el Servicio Médico Legal de Chile había confirmado que el general Alberto Bachelet “falleció” en 1974 (12 de marzo en la Cárcel Pública de Santiago), debido a las torturas que recibió mientras permaneció preso por la dictadura de Augusto Pinochet.
Han pasado 39 años desde esa fecha, pero aun están en nuestra memoria esos momentos en que la situación histórica nos puso frente a la disyuntiva de ser fieles a nuestro deber militar, a nuestro juramento de servir fielmente a la patria, al compromiso de honor de cumplir con nuestros deberes y obligaciones militares o, traicionar este juramento y nuestros principios haciéndonos partes de una conspiración que terminó en acciones cobardes como la traición, la tortura y el asesinato de personas inocentes, a nombre de la patria y de la lucha en contra del comunismo.
Esa es la diferencia entre nosotros, militares leales a nuestro pueblo, y el puñado de generales, oficiales subalternos y suboficiales, quienes conspiraron en contra de un gobierno elegido democráticamente y legalmente constituido por voluntad popular. Nos pusimos al lado del pueblo y de la defensa del Gobierno de Chile, manteniendo una postura digna en un momento y en un ambiente corporativo en el cual solo pensar distinto significaba el encarcelamiento, la tortura y, en casos, la muerte.
Como todos los chilenos saben la postura digna ante la historia y ante su pueblo como la del General Rene Schneider, del General Carlos Prats, del General Alberto Bachelet, tuvo un final común, que todos murieron asesinados por sus subalternos y condenados por su institución. Es cierto que los generales que conspiraron en contra del Presidente Allende y de su gobierno, se apoderaron del mando de las instituciones armadas y del Estado, por lo tanto la institución no puede ser juzgada por ello.
Eso no exime el denunciar que los organismos creados para reprimir a los chilenos, entre ellos la CNI y la DINA, fueron organizados por las fuerzas armadas de Chile, que los torturadores y asesinos que actuaron en contra de los chilenos en su mayoría son militares y que estos implementaron una política de terrorismo de Estado para facilitar un fin superior, la refundación del país y la implantación del sistema político, económico y social, que aun nos rige.
He aquí el origen de la complicidad de las responsabilidades cívico militares y de quienes conspiraron en contra de un gobierno democrático, que utilizaron a las FFAA a través de un grupo de generales corruptos para “hacer el trabajo sucio”, eliminando a la oposición e imponer así sus intereses económicos y políticos, por sobre la voluntad democrática expresada en el voto que eligió a Salvador Allende como Presidente.
Todo esto es una verdad conocida pero no suficiente, hace falta decirla en voz alta, porque mientras esta permanezca entre cuatro paredes y limitada por el monopolio de los medios de comunicación, la pelota se moverá entre discursos de arrepentimientos sin muestras de acciones reales de ello y argumentos no comprobados, como el de Piñera, que votó por el NO en el plebiscito de 1988, algo que a nadie le consta porque el voto es secreto, que nunca estuvo de acuerdo con la violación a los Derechos Humanos o, como lo dijo últimamente, que fue “opositor a Pinochet”.
Por eso es necesario insistir desde todas las tribunas posibles, a que la mirada de la memoria histórica sea entendida como un “proceso” más amplio y que involucre a la sociedad y al Estado. Ya sabemos y lo hemos comprobado que la mirada parcial e interesada bajo el esquema de la justicia de lo posible y en función o beneficio solo del fortalecimiento de la democracia es insuficiente, relativizando el terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
La estrategia implementada desde 1990 en adelante en cuanto a políticas de Derechos Humanos se refiere, argumentando una transición pacifica a la democracia desde y con las elites, se ha implementado a puertas cerradas y pactando con las instituciones y actores del régimen anterior, alejadas del necesario debate público, sin entender que el pasado es un elemento constitutivo en la creación de una nueva identidad democrática.
Afortunadamente un informe pericial sacó el tema del asesinato del General Bachelet a la luz pública, lo que al menos hará que en la conciencia nacional no quede registrado como un hecho más, en un contexto en el cual la impunidad se quiere imponer como la forma menos conflictiva de enfrentar nuestro pasado.
Se requiere algo de valentía política para establecer el reconocimiento institucional de los hechos pasados y de las responsabilidades, que facilite el accionar de la justicia en cada uno de los casos específicos. Este es un paso necesario y que permitiría fortalecer el estado de derecho, fundamental para el desarrollo de una democracia sana creando además los espacios de memoria como una política de Estado.
Las futuras generaciones de chilenos tienen derecho a conocer que en sus ambiciones de poder la derecha política fanática, no trepidó en asesinar a un General y Comandante en Jefe del Ejército para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970, que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas asesinaron a Ministros del Gobierno de la Unidad Popular, José Toha, Orlando Letelier, que el Comandante de la Fuerza Aérea de Chile ordenó el bombardeo a La Moneda y a la casa presidencial, con el objetivo de asesinar a Salvador Allende y que más de cuatro mil chilenos fueron asesinados y muchos continúan desaparecidos.
Durante este gobierno heredero de Pinochet, sus personeros involucrados directa o indirectamente con él, hacen esfuerzos para tergiversar el pasado histórico, tal cual se ha hecho a lo largo de toda nuestra historia. No es casual que en este gobierno empresarial de derecha se tomen casos emblemáticos como el bombardeo a La Moneda y la muerte de Allende y el asesinato de José Toha para, bajo el argumento de aclararlos, la justicia los cierre de manera definitiva argumentando el suicidio.
Lo que hemos visto es la tendencia marcada de manipular y acomodar la verdad, a objeto de justificar las violaciones a los Derechos Humanos y de magnificar los logros del modelo económico, ocultando que esto fue a costa de vidas humanas y represión, intentado legitimar algo que difícilmente es legitimable. Intenciones que se ven favorecidas por el monopolio de los medios masivos de comunicación, lo que les permite dar una apariencia de verdad pública a lo que es, en el fondo, sólo expresión históricamente distorsionada de un interés privado.
Desde nuestra posición seguiremos insistiendo y recordando, en beneficio de la memoria histórica, que el General Alberto Bachelet fue parte de un grupo de militares que levantamos la voz cuando había que hacerlo, en momentos en que las ruindades y las ambiciones personales, la traición política y la mentira se apoderaron de Chile y de nuestras instituciones, opacando por medio del terror el pensamiento libre, el arte y la cultura.
Alberto Bachelet fue asesinado, sometido a vejámenes y a largas sesiones de torturas, tal cual como lo hicieron con todos nosotros. Era el método que utilizaron para hacernos firmar hojas en blanco que luego llenaban con información falsa para justificar nuestras detenciones y el golpe de Estado. Los principales torturadores de la Academia de Guerra Aérea, fueron quienes cumplieron la orden de eliminar a los enemigos, las que emanaban desde Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza hacia todos los eslabones de mando con la anuencia y aprobación de los ministros, subsecretarios y agentes del Gobierno, – es importante señalar que en las Fuerzas Armadas las responsabilidades corresponden siempre a los mandos, en los distintos niveles jerárquicos, estos tienen la obligación moral y legal de velar para que la Institución no se aparte de la finalidad para la cual fue creada.
Los torturadores practicaron el acto mas denigrante y cobarde que un hombre o mujer puede realizar, la tortura, se nos tenia durante días atados a una silla o de pie, todo el tiempo encapuchados y se nos golpeaba, aplicaba corriente durante horas hasta dejarnos exhaustos. Algunos de nosotros fuimos sometidos a simulacros de fusilamiento, actos cobardes que quienes los ejecutaban pensaron esconder en la oscuridad y en la impunidad.
Bachelet fue una de las víctimas elegidas, así como todos quienes fuimos militares y nos opusimos al golpe de Estado, nuestros opresores apoyados en la propaganda de la época, nos culparon de un supuesto daño al país, inventaron el siniestro Plan Z, que una vez lanzado como justificación a tanto abuso, adquirió vida propia. En ese contexto poco importaba que nosotros las victimas negásemos las acusaciones, pues no teníamos opción de defendernos y si eso sucedía todo se distorsionaba a favor de la dictadura, asegurando así que los crímenes cometidos quedaran en la total impunidad.
De todo esto deben responder ante la justicia los principales torturadores de la Academia de Guerra Aérea, el comandante de escuadrilla ingeniero Edgar Ceballos Jones, el comandante de escuadrilla piloto Ramón Cáceres, el comandante de escuadrilla piloto Enzo Dinocera, el capitán de bandada piloto León Dufey, el capitán de bandada piloto Florencio Doublé, el capitán ingeniero Juan Carlos Sandoval, el teniente Dumont, el teniente Gabrielli.
Pero la figura de Alberto Bachelet, del cabo José Espinoza y de todos los militares quienes no sobrevivieron a la tortura, es moralmente más grande que la Ley de Amnistía que favorece a los asesinos-torturadores. Impide o al menos inhibe la accion velada o encubierta para liberar al puñado de asesinos que están encerrados en jaulas de oro como los que están en Punta Peuco.
Han pasado 39 años desde 1973 y lamentablemente la propaganda oficial, por llamarla de alguna manera, logró imponer la segregación social de quienes señalaron como enemigos “terroristas o extremistas”, para justificar el golpe y las políticas de exterminio y violaciones a los derechos humanos. Hasta el día de hoy quedó en el inconsciente colectivo que el extremista, es decir el opositor no era una persona, por lo tanto había licencia para torturarlo o asesinarlo porque era el enemigo que impedía la realización del fin último, refundar la nación, una política que continúa aplicándose a los mapuches, a los estudiantes y a todos quienes se oponen a la injusticia y al abuso…
Tenemos que aportar a cambiar esto, reconociendo con orgullo a quienes fueron capaces de luchar entregando sus vidas por un Chile mejor, más justo y humanitario. No podemos permitir que se olvide la imagen de Salvador Allende, combatiendo hasta el fin en el bombardeado Palacio de La Moneda, y decir con orgullo que éste se reservó el último cartucho de su fusil por que no quiso que la dignidad democrática y constitucional de su cargo sufriera la humillación y vejamen de los golpistas.
Como sociedad les debemos a estos hombres y mujeres, al general Alberto Bachelet, al general Schneider, al general Prats así como a tantos oficiales y suboficiales que se opusieron al golpe de estado un reconocimiento como país. Ellos junto a otros que vinieron después, son la legión de hombres y mujeres que han caído luchando en Chile y que nos muestran un camino de dignidad y de consecuencia para el futuro.
El general Alberto Bachelet fue un soldado patriota, que sirvió y amó a su patria y que murió en una celda de la cárcel pública dejándonos un ejemplo a seguir. Por ello la historia nunca le olvidará, seremos sus camaradas quienes le recordaremos, ciertos que la gloria le mantendrá en la eternidad.
Dr. Enrique Villanueva M.
Vice presidente Centro de Estudios Exonerados Fuerza Aérea 1973
CEEFA-73.
La Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo acaba de 
Además la familia del comandante se pregunta por qué no se ha acusado de falso testimonio a una de las partes, ya que dos tenientes coronel y los testigos del comandante defendieron versiones opuestas. El escrito dice textualmente “Apostamos fuerte porque una de las dos partes faltó a la verdad y nos dan “café para todos”. Sean valientes, métannos a nosotros en la cárcel si están convencidos de que fuímos los que faltamos a la verdad.”