abr 202012
 

La reciente decisión de Argentina de nacionalizar 51% de la empresa REPSOL-YPF ha traído consigo diversas reacciones, la mayoría contrarias, porque sus detractores no esperaban una medida de estas características, menos aun en un momento de crisis económica mundial. Esto porque es una decisión “peligrosa y contagiosa”, que reubica la cuestión del crecimiento y del desarrollo económico de los “países emergentes” vinculándolo a la nacionalización de sus riquezas y de las fuentes energéticas que les son propias.

El argumento más utilizado por quienes se oponen a esto afirman y repiten que el único camino que asegura el crecimiento de la economía y por consiguiente el progreso y el desarrollo de nuestros países, esta ligado a la inversión privada sea esta nacional o extranjera. Lo que es un mito por una razón muy simple y además comprobada, porque las empresas extranjeras que invierten en nuestros países, su objetivo primordial no es obtener utilidades en el país donde explotan y sacan las riquezas en bruto, sino que su objetivo es controlar y asegurar el abastecimiento de sus fundiciones, refinerías, y diferentes tipos de fábricas elaboradoras de cobre o petróleo que no están ni en Chile ni en Argentina.

En Chile este mito de desvirtúa por si solo, las empresas extranjeras del cobre, no generan utilidades en el país, no pagan impuesto a la renta, no generan más trabajo, ni valor agregado en nuestra economía, entonces la pregunta es: ¿Dónde están los “beneficios” de la inversión extranjera en la minería?.

El caso más demostrativo en la minería del cobre, es el de la Disputada de Las Condes, propiedad de la multinacional Exxon, de EEUU, empresa que en 24 años jamás pagó impuesto a la renta en Chile, porque siempre declaró pérdidas. Hay documentos que certifican lo anterior, los informes entregados por el Comité de Inversiones Extranjeras, los que señalan que La Disputada en 20 años envió más de 800 millones de dólares a las filiales financieras de Exxon en Bermudas y Bahamas, en pago de intereses por los préstamos obtenidos.

En suma un negocio tremendamente lucrativo, en un país como Chile productor de cobre que tiene importantes reservas con yacimientos accesibles y de bajo costo, con proximidad a los puertos de embarque, condiciones climáticas de explotación favorables y con profesionales y trabajadores calificados. En el caso  de Argentina y específicamente de Repsol-YPF que por lo demás no es ciento por ciento española, más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero, simplemente ingresa beneficios mínimos a la economía española.

Entonces lo que ha hecho Argentina nacionalizando parte de la propiedad de la multinacional petrolera, es proporcionar un camino distinto para resolver las crisis y las quiebras financieras de los países, diciendo que la receta aplicada hasta ahora, que sean los estados y los gobiernos los que entreguen salvavidas a quienes producen las debacles financieras; las empresas multinacionales y los bancos, no es la única ni la aceptable. Por el contrario, señala que los desastres producidos por algunos especuladores no tenemos porque pagarlos todos los ciudadanos, entregando ayuda masiva a la banca con fondos públicos, congelando o precarizando las pensiones, privatizando empresas estatales, reduciendo los sueldos, aumentando el IVA, disminuyendo las inversiones públicas, desregulando las relaciones laborales, con despidos masivos y con la eliminación o reducción de servicios sociales.

La presidenta Cristina Kirchner ha señalado un camino que se inscribe en una nueva economía, antes señalada por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, en parte por los últimos gobiernos en Brasil, optando por la propiedad y explotación total o compartida de nuestras riquezas naturales con inversionistas nacionales o extranjeros pero para beneficiar al país y no solo a sus bolsillos. A estas alturas de la vida resulta obvio que cuando no tenemos el dinero o la tecnología para explotar los recursos, existen caminos para compartir con inversionistas privados pero de buena manera y favorable a nuestros países las ganancias que se extraen de nuestros suelos, agregando el pago de los impuestos y los aportes que se deban pagar, no como suele suceder hoy que simplemente los minimizan o los eluden.

Pero la medida del gobierno de Argentina también se inserta en un ámbito un poco más complejo, contradice la preocupación de los grandes centros de poder que es asegurar para si las fuentes de energía y de agua en el mundo. Desde Estados Unidos y Europa han señalado el rumbo para el nuevo orden mundial, instalando al menos tres temas vinculados entre si como los grandes objetivos del siglo XXI: La globalización y el fortalecimiento del libre mercado, la incertidumbre energética y la “ideología antiterrorista” encadenada a la lucha antidroga, los que han sido hasta ahora las causas o bien las justificaciones de las guerras actuales.

En este escenario nosotros los países denominados por estos centros de poder como “emergentes” quedamos al centro de esta nueva estrategia imperial, convirtiéndonos en mercados abiertos o en fuentes proveedoras de energía y materias primas. Un contexto que nos debiera  invitar a una reflexión profunda sobre la autodeterminación, vías y capacidades  futuras de desarrollo.

Para responder a nuestras realidades, el sector estratégico de una economía nacional eficiente seguirá siendo el estado, lo que no contradice el desarrollo de áreas tanto mixta como privada de la economía. Pero ello requiere de una decisión de gobiernos valientes comprometidos con su país más que con las empresas transnacionales, constituyendo un área social dominante, ejerciendo un control real sobre el sector energético, de los alimentos, financiero, la banca entre otros.

Más allá de las críticas que se le pueden hacer a la gobernante argentina, a Evo Morales, a Hugo Chávez y a Cuba, desde sus particularidades no han permitido que la locura neoliberal y el rumbo actual, aceptado por la mayoría de los gobernantes derechistas de la civilización mundial, neutralice las respuestas a los problemas de nuestros países desde el pensamiento de avanzada de la humanidad.

Mientras el modelo neoliberal esta en crisis en todo el mundo sus cultores siguen defendiéndolo, al igual que lo hicieron en los dos siglos anteriores los protectores del capitalismo y de “la esclavitud asalariada”. En este contexto las ideas progresistas incluyendo las de Marx, son depositarias de una visión del mundo contrario a la explotación del que trabaja, estas demuestran que hoy es tan absurdo como lo fue en el siglo 19 y 20, pensar que los dueños de la economía mundial y de los capitales financieros eleven la calidad de vida de los ciudadanos disminuyendo los beneficios del capital menos en una situación de crisis.

Por eso es que la definición del gobierno argentino es oportuna, nos hace reflexionar y puso de nuevo en un nivel preponderante algo que nunca nuestros países debieron olvidar, el derecho a la autodeterminación, que simplemente significa el derecho de decidir en acuerdo a los intereses propios e independientes.

En este sentido la defensa del petróleo se inscribe en el derecho de una nación independiente y auto determinada, agregando además que esta riqueza natural dejó hace mucho tiempo de ser una mercadería en la designación técnica de los mercados, convirtiéndose en un activo geo-estratégico limitado y decreciente. A este cambio se le atribuye la especulación, la volatilidad de las cotizaciones e inestabilidad de los mercados globalizados y los temores por las tendencias a largo plazo.

En la actualidad el precio del petróleo opera como un activo financiero, donde sus inversionistas, fondos de inversión globales y grandes financistas internacionales, sin ser productores imponen precios como si se tratara de papeles bursátiles operando con contratos a futuro. Así actúan la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), la Bolsa Internacional del Petróleo de Londres (IPE), la bolsa de Singapur y la bolsa de Tokio, que son los grandes centros financieros monopólicos.

Estos centros financieros además de propagar la especulación con este recurso, expande masivamente la inyección de dólares al sistema e impone los máximos históricos batiendo precios récord del crudo, lo que multiplica los costos de transporte incidiendo en los costes de producción de las manufacturas y  ocasionando como consecuencia, el desplome intencionado en el volumen de exportaciones.

Por eso es tan importante para los pueblos latinoamericanos productores de petróleo, cobre u otra riqueza, la lucha a favor del derecho a la autodeterminación, estableciendo una preocupación estratégica por las riquezas nacionales y las fuentes de energía. Es hora de superar las políticas energéticas cuyo único vínculo es el interés comercial, con propuestas que tengan que ver con el bien público, que garantice el acceso a los recursos energéticos para todos en iguales condiciones.

En el caso  de Chile los desafíos futuros en el ámbito energético son significativos lo que señala la promoción de energías limpias, renovables, tales como la eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, biomasa. Pero bajo el esquema actual los objetivos estratégicos energéticos están relacionados a las oportunidades del negocio y coinciden con los propósitos de grupos deseosos de aumentar su poder económico, por tal razón las políticas energéticas actuales promueven o dejan prosperar los modelos  de producción de la oferta centrados en la ganancia.

Un modelo que no es distinto al implementado en los demás países de Latinoamérica en el pasado, países en los cuales el deterioro ambiental y la brecha social actuales son atribuibles a este raciocinio de explotación, por lo que no hay razon para seguir insistiendo en este modelo contrario a nuestros intereses. Por eso es tan importante esta señal que da Argentina adelantándose a estas políticas energéticas multinacionales agresivas y ambiciosas centradas en la ganancia, cuyas consecuencias sociales y ambientales se pueden apreciar en todo el mundo, en especial en nuestros países llamados ahora “siúticamente emergentes” ya no subdesarrollados.

Nadie puede negar que la aplicación de estos modelos neoliberales agresivos evidencian hoy impactos negativos sobre los actores rurales, por la pérdida de tierras, por las externalidades del cambio de uso de la tierra, por la desaparición de selvas aledañas y por la reducción de largo plazo de las posibilidades laborales y productivas en cultivos de tardío rendimiento. De manera entonces que si las políticas energéticas son diseñadas bajo el raciocinio de la ganancia, estas solo harán crecer la brecha social y profundizarán el deterioro ecológico en Latinoamérica.

En este contexto si la decisión del gobierno de Argentina es parte de una política estratégica, sin lugar a dudas que se constituirá en un avance significativo, el que se une a la creación de una nueva empresa estatal de energía en este país, a la nacionalización del gas natural boliviano, o a la iniciativa de Uruguay quienes decidieron en un plebiscito que no permitirían la participación privada en la empresa estatal de petróleo. Si se cumple este proceso se estaría marcando en la región una vuelta del impulso neoliberal que se vivió en la década pasada, aunque sin lograr revertir todavía la situación creada durante esos años.

Hoy en día todos los pronósticos señalan un incremento del consumo energético para la región y en particular para el Mercosur, el que irá acompañando tendencialmente el crecimiento de las economías, pero también será arrastrado por la tendencia todavía en aumento a recurrir a hidrocarburos y menos a fuentes energéticas renovables.

Para Chile toso esto representa un desafío bien significativo, las principales alternativas energéticas se encuentran en su propio subsuelo (carbón, gas natural), en sus fuentes renovables (energía eólica y energía mareomotriz, ambas casi inexploradas), además de la energía hidráulica de la que disponemos ampliamente en el territorio nacional.  Pero estas opciones energéticas no tienen que ver solo con el tipo de fuente que debería utilizarse en el futuro, sino que están ligadas fundamentalmente con el rol del Estado en esta materia.

Por tal razón es tiempo que los  intelectuales, políticos, profesionales, académicos y estudiantes de este país empecemos a pensar y  a proponer una política de Estado sobre las fuentes energéticas disponibles en el territorio nacional y que constituyen recursos de interés nacional, definiendo como Estado que estas tienen un carácter estratégico y que su producción y todo el proceso exploratorio y extractivo, constituyen una función primordial y una responsabilidad geopolítica crucial del Estado,  en la que éste define las reglas esenciales del juego.

Estamos frente a un fenómeno político y geopolítico importante que se advierte en todos los países de la región, ante la cual u optamos por lo anterior, por un estado fuerte en este ámbito, o cedemos a la presión de los inversores por lograr que el Estado les otorgue una serie de beneficios para decidir la inversión, además de asegurar un margen abusivo de ganancia y un rápido retorno, con la consabida amenaza del desabastecimiento. Al final de cuentas es un problema que tiene que ver con nuestro compromiso con el país y con el deteriorado nivel y calidad  de vida  de nuestro pueblo trabajador y con el futuro  de nuestros jóvenes.

“Es por eso que cada hombre y cada mujer debe entender que queremos colocar al servicio del hombre de Chile la economía, y que los bienes de producción esenciales deben estar en el área de la economía social, para poder, de esta manera, aprovechar sus excedentes y elevar las condiciones materiales, la existencia del pueblo, y abrirles horizontes espirituales distintos… (Allende, 11 de julio 1971).

Dr. Enrique Villanueva Molina
Ex dirigente Rodriguista

Fuente: http://radio.uchile.cl/cartas-al-director/148850/


Recomienda Argentina: La defensa del petróleo a un amigo:
  • http://www.libremercado.com/2012-04-22/argentina-de-pais-rico-a-pais-pobre-1276456223/ Evitaperon

    Argentina es uno de los países que ha registrado un mayor deterioro económico durante el último siglo. Su tránsito de la riqueza a la pobreza se podría resumir en la sucesión de tres grandes etapas: auge y desarrollo gracias a la globalización , la estabilidad monetaria y la liberalización económica (desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX); el período de entreguerras, desde 1930 hasta 1945, en donde se fue imponiendo paulatinamente la autarquía y el proteccionismo; y el ascenso del peronismo (1946-1955), cuyo legado pervive desde entonces, de una u otra forma, pese a la sucesión de distintos regímenes dictatoriales y democráticos.Uno de los países más ricos del mundoAl igual que otros países, Argentina se integró en la economía global durante el siglo XIX gracias a la apertura comercial, la libre circulación de capitales y la estabilidad monetaria que imponía el entonces vigente patrón oro. Argentina prosperó de forma sustancial hasta 1930, atrayendo un gran volumen de inversión extranjera y capital humano (inmigrantes).Tras su proceso de independencia y un turbulento período de conflictos civiles, la emancipación definitiva de Argentina llegó con la Constitución de 1853, que instauraba como principios básicos la división de poderes, la igualdad ante la ley y un respaldo absoluto a la propiedad privada y el libre comercio. Los distintos gobiernos surgidos de la Carta Magna potenciaron las infraestructuras, alentaron la inmigración y la inversión extranjera y garantizaron el cumplimiento estricto de sus compromisos financieros.Hasta tal punto esto es así que, en 1876, el entonces presidente Nicolás Avellaneda, ante el riesgo de suspender pagos, lanzó un mensaje firme a sus acreedores internacionales (tenedores de deuda pública):La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera, ante los pueblos extraños. Existen dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros.Este período, caracterizado por la apertura comercial y la libertad económica, se resume en los siguientes indicadores:1. La población aumentó desde los 3,3 millones de personas en 1890 hasta los 7,5 en 1913 (crecimiento medio anual del 3,5%). Casi la mitad de este incremento se debió a la inmigración, procedente sobre todo de Europa.2. El porcentaje de capital extranjero subió desde el 32% en 1900 hasta el 48% en 1913, como resultado de que Argentina presentaba entonces las condiciones económicas e institucionales más favorables de toda América Latina para la inversión foránea.3. La acumulación de capital aumentó de media un 4,8% anual desde 1890 hasta 1913, permitiendo que la renta per cápita avanzara a un ritmo del 2,5% anual. El desastre de la Primera Guerra Mundial afectó, sin duda, al desarrollo argentino, como resultado del desplome del crédito internacional y el retroceso de la economía mundial, de forma que la acumulación de capital decayó hasta el 2,2% anual y la renta per cápita avanzó un 0,8% entre 1913 y 1929, pero no impidió que Argentina siguiera desarrollándose hasta 1930.4. Hasta la Primera Guerra Mundial, su renta per cápita era similar a la de EEUU; era uno de los mayores exportadores de cereales y carne, hasta el punto de representar casi el 7% de todo el comercio internacional; Argentina acumulaba el 50% del PIB de toda América Latina en 1913; el sueldo medio en Buenos Aires era hasta un 80% superior al de París, y cuando un inmigrante desembarcaba en Argentina ganaba casi lo mismo que el que se ubicaba en Nueva York.5. Durante los años 20 se mantuvo como uno de los 10 países más ricos del planeta, con una riqueza comprable e, incluso, superior al de la mayoría de países europeos, similar al de Francia o Alemania, y mayor que Italia o Japón; el salario promedio seguía superando al que percibían los europeos. De hecho, durante los años 30, EEUU, Canadá, Australia y Argentina se mantenían entre los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita en torno a los 5.000 dólares.PIB per cápita en 1913 de EEUU, Argentina, Francia, Alemania, Italia, Japón y CoreaEl intervencionismo de los 30, el principio del finLos países más desarrollados por entonces, entre ellos Argentina, presentaban -al igual que ahora- una serie de rasos comunes, entre los que destaca la seguridad jurídica, un marco institucional estable y, sobre todo, la apertura económica, un estado muy pequeño, escasas regulaciones y estabilidad monetaria. Sin embargo, aquella economía abierta, favorable al capitalismo, fue cediendo terreno paulatinamente al intervencionismo estatal, el nacionalismo económico (autarquía) y, finalmente, el peronismo (socialismo) que, de una u otra forma, preside Argentina desde los años 50.Los años 30 son conocidos como la ”década infame”, ya que se sucedieron una serie de golpes de estado que otorgaron el poder a los militares, quienes instauraron un creciente intervencionismo económico, la autarquía (sustituir importaciones por producción nacional) y el proteccionismo comercial.Además, resurgió de nuevo el mercantilismo, en donde el Estado se apropiaba de forma arbitraria de ciertos recursos privados para redistribuirlos entre determinados grupos de interés, favoreciendo así a las elites más próximas al poder político en detrimento del libre mercado. Ya entonces la explotación de hidrocarburosestaba bajo el control del Gobierno -los recursos del subsuelo pertenecían al Estado-, y el poder político comenzó a intervenir de forma cada vez más activa en sectores clave del país, tales como la producción de carne y cereales.Es decir, Argentina pasó de tener una economía abierta y un estado pequeño, a una economía cerrada al comercio internacional y fuertemente intervenida. A ello, se sumó el abandono del patrón oro y la adopción de políticas keynesianas, basadas en el estímulo fiscal y monetario (más gasto público y bajos tipos de interés), para tratar de impulsar el crecimiento en medio de la Gran Depresión. Aunque esto no es algo extraordinario de esa época -muchos países optaron por políticas similares-, sí lo es el hecho de que este tipo de prácticas se extendió y agudizó tras la Segunda Guerra Mundial mediante la instauración del peronismo.El peronismo, la consagración del socialismoEl militar Juan Domingo Perón logró la presidencia en 1946, instaurando el denominado justicialismo(“justicia social”) hasta 1955, junto a su mujer Eva Perón, que aún hoy es un icono en Argentina. Su gobierno no sólo mantuvo las prácticas de los regímenes militares previos sino que, de hecho, incrementó de forma sustancial el intervencionismo estatal en la economía, extendió las prácticas mercantilistas e instauró su particular modelo socialista, inspirado en el fascismo italiano de Mussolini.Entre otros factores, destacan los siguientes, tal y como expone José Ignacio García Hamilton, profesor de Historia de Derecho en la Universidad de Buenos Aires:Nacionalizó varias industrias, como los servicios de electricidad, gas, teléfono, ferrocarriles, transporte urbano, medios de comunicación, etc.
    Subsidió a grupos sindicales y empresariales próximos al poder.
    Disparó el gasto público e incurrió en elevados déficits fiscales.
    El superávit de la balanza de pagos acumulado durante la Segunda Guerra Mundial (Argentina se mantuvo neutral y vendió productos a ambas bandos) no fue suficiente para financiar las “prácticas populistas de Perón”.
    Fue entonces cuando recurrió a la monetización masiva de deuda a través del banco central, generando elevada inflación.
    Subió los impuestos al sector exportador, al capital y, especialmente, al sector rural, y siguió dificultando las importaciones mediante políticas arancelarias.
    Introdujo rígidos controles sobre la producción y la libre contratación de servicios y trabajadores; fijó precios en el mercado del alquiler y suspendió los embargos inmobiliarios.
    Creó el Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio (IAPI), que eliminó las empresas exportadoras privadas y fijó los precios internos de las cosechas por debajo de los precios internacionales. Luego, el IAPI vendía esos productos en el exterior y retenía la diferencia para aumentar el gasto público.Como resultado, la economía argentina ya había declinado de forma sustancial para mediados del pasado siglo XX.Regresa la dictadura, pero no el libre mercadoPerón fue derrocado por un nuevo golpe militar en 1955, pero ello no impidió que se mantuviesen los rasgos básicos del intervencionismo argentino hasta la década de los 90, incluso después de la reinstauración de la democracia en 1983. La alternancia de gobiernos autoritarios y democráticos en el poder no cambió un ápice el modelo mercantilista y socialista que se fue imponiendo progresivamente desde 1930.Como resultado, el desarrollo argentino fue mucho más lento y débil que el del resto de países avanzados durante la segunda mitad del siglo XX. En esencia, se mantuvo un gasto público elevado; un sustancial control estatal sobre la economía (nacionalización de industrias); el modelo de sustitución de importaciones y, por tanto, el aislacionismo comercial; la emisión desenfrenada de dinero (alta inflación); y un adoctrinamiento cultural (en escuelas y universidades) centrado en el nacionalismo, que fomentaba el mercantilismo y el odio hacia el extranjero (incluido el capital foráneo). Y todo ello, en medio de una gran inestabilidad política.Reformas insuficientes, corralito y kirchnerismoTras la reinstauración de la democracia (1983), la crisis se agudizó hasta tal punto en la década de los 80 -con hiperinflación de por medio- que el peronista Carlos Menem (1989-1999) intentó revertir la política económica mediante la privatización de empresas estatales (como YPF), cierta apertura comercial al exterior y la fijación del peso argentino al dólar estadounidense para frenar la inflación.Aunque el país logró crecer con fuerza durante los noventa, las reformas fueron tímidas a la hora de revertir el socialismo de décadas previas. Así, por ejemplo:La privatización de empresas públicas se efectuó a dedo, privilegiando a grupos próximos al poder y, en todo caso, limitando hasta el extremo la libre competencia mediante una estricta regulación y fijación de tarifas en la provisión de servicios. Es decir, el monopolio se mantuvo intacto en numerosos sectores.
    La apertura comercial se limitó a tan sólo a algunos países de América Latina (englobados en el Mercosur), de modo que el aislacionismo nacional fue sustituido por un aislacionismo regional. Es decir, Argentina permaneció cerrada a la globalización.
    El gasto público siguió aumentando: el gasto en la provisión de servicios públicos fue sustituido por el aumento en “gasto social” (subsidios, subvenciones, prestaciones públicas y ayudas), a modo de clientelismo para comprar votos.
    De hecho, el peso del Estado sobre la economía siguió creciendo: el déficit público pasó del 0,15% en 1994 al 2,4% en 2000, y la deuda pública del 34% en 1991 al 52% del PIB en 1999. Como resultado, la deuda externa de Argentina -tanto comercial como pública- aumentó de forma sustancial, encareciéndose la financiación para el sector público y privado.Puesto que la fijación al dólar ataba de pies y manos a su banco central para imprimir dinero y generar inflación (reduciendo así el peso de la deuda externa), Argentina decidió de forma unilateral declararse endefault (impago) en 2001, lo cual generó una corrida bancaria y el temido corralito de 2002.El también justicialista Néstor Kirchner conquistó la Presidencia en 2003, sucediéndole en el cargo su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, en 2007. Así pues, el kirchnerismo va camino de su primera década, impulsando una política económica inspirada en la etapa peronista y bajo la órbita del líder venezolano, Hugo Chávez.Ausencia de libertad, igual a pobrezaEl país ocupa hoy una pésima posición en indicadores clave para el desarrollo económico. Así, Argentina se sitúa en el puesto 113 del ranking mundial en cuanto a facilidad para hacer negocios (Doing Business), que elabora cada año el Banco Mundial, de un total de 183 economías, a la altura de países como Etiopía, Egipto o Kenya. Destaca, sobre todo, por situarse a la cosa en indicadores como la apertura de empresas (146), permisos de construcción (169), registro de propiedades (139) o pago de impuestos (144).Además, en un ranking que mide el respeto a la propiedad privada en 130 países, Argentina se sitúa entre los 10 peores, tan sólo seguida por Costa de Marfil, Nicaragua, Bangladesh, Nigeria, Burundi, Venezuela, Ucrania, Angola y Libia.Asimismo, el Índice de Calidad Institucional (ICI) sitúa a Argentina en la posición 125 de un total de 194 países, perdiendo 32 puestos desde 2007.Un 62% de los países obtiene una calificación superior a Argentina en términos de calidad institucional. En las primeras posiciones de América Latina se encuentran Chile, Costa Rica y Uruguay; Argentina, por el contrario, se aproxima a Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Ecuador; las últimas posiciones son para Cuba, Haití y Venezuela. Dentro de este índice, registra las perores calificaciones en materia de libertad económica, funcionamiento de los mercados, la estabilidad monetaria y seguridad jurídica.Hace ahora un siglo, Argentina se encuadraba en el top ten de países más ricos del mundo. Hoy se sitúa en el puesto 59 del mundo, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la altura de México, Líbano o Gabón, y muy próximo a Venezuela (puesto 64). Según el Banco Mundial, su renta per cápita, en términos de poder de compra (descontando inflación), apenas superaba los 15.500 dólares en 2010, un 70% menos que EEUU, un 60% inferior a Japón o Alemania y la mitad que Francia o Italia.PIB per cápita de Argentina, EEUU, Japón e Italia desde 1900 al 2000PIB per cápita de Argentina, EEUU, Alemania, Japón Francia e Italia desde 1980 a 2010

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